EL CABILDO DE SANTA CLARA DURANTE EL SIGLO XVIII Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA NACIONALIDAD CUBANA
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EL CABILDO DE SANTA CLARA DURANTE EL SIGLO XVIII Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA NACIONALIDAD CUBANA

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La nacionalidad cubana como proceso histórico-formativo y el problema de las identidades locales a la luz de los principales aportes y limitaciones que sobre el mismo se ha presentado, es esencial para demostrar la existencia un proceso de formación   en torno a la  política oficial por el Cabildo de Santa Clara por más de un siglo, más que una limitación, constituye, en su desarrollo dialéctico, un notable aporte al proceso de formación de la nacionalidad cubana.

El tema siempre tendrá recurrencia ante la proximidad de un nuevo aniversario del levantamiento en La Demajagua el 10 de octubre de 1868, definitorio en el proceso de formación nacional cubano.

 

  La Nacionalidad Cubana como proceso histórico-formativo y el problema de las Identidades Locales.

La  historiografía nacional, para los siglos coloniales, concentra parte de los estudios en temas regionales y locales, pero en ningún caso parte de la jurisdicción como antecedente, sino que se asienta, cuanto más, en las identidades locales, lo cual no muestra todas las posibilidades aportativas de los estudios e investigaciones que puedan referirse al siglo XVIII. Esto puede observarse, sobre todo, en presencia de hechos y acontecimientos que anteceden a las llamadas regiones históricas, donde se absolutiza lo local en detrimento de una estructura político administrativa de otra envergadura que tiene lugar en Cuba durante los primeros siglos coloniales, la cual abarcó un espacio geográfico más allá del ámbito inmediato a la localidad.

La identidad, tiene sus raíces como proceso histórico formativo en el siglo XVI, lo cual no es solo un atributo de la Isla de Cuba,[1] determinando “los primeros rasgos de una personalidad colectiva”.[2] El reconocimiento de que al proceso de formación nacional le resta mucho por andar en materia de explicación teórica valida hasta dónde es necesario el tratamiento de las identidades locales.[3]

 No es menos cierto que las villas detentan la jerarquía dentro de un espacio geopolítico, pero absolutizarlas es pasar por  alto  el componente social y económico que ha venido a ser la reiterada invocación a las identidades locales. El hecho de que “la plantación y la hacienda, en tanto formaciones distintas, propiciarán la creación de sociedades distintas”[4] es la tesis aquí asumida sobre el problemas de la identidades locales y las jurisdiccionales en la Historia de Cuba; dejando definido, por otra parte, el problema de las identidades locales en una determinada jurisdicción, lo cual constituye, a su vez, la principal causa de las diferencias entre el Occidente cubano y la región Centro-Oriental. En estos marcos, parece claro que las diferencias específicas (internas) de la macrorregión central no pueden circunscribirse a contradicciones de tipo local, sino que son  contradicciones enteramente adscriptas a territorios enmarcados en jurisdicciones.

La región central y oriental de la Isla, por sus patrones económicos, engendró tipos diferentes  de economías hacia el siglo XIX, por lo cual no pueden justificarse los estudios desde lo local sin tener en cuenta la dimensión territorial y las propias diferencias y particularidades que cada una de ellas encierra. Soslayar el tema de las identidades locales resulta, entonces, inapropiado en  un proceso que parte desde ella, y que resulta altamente contribuyente al proceso de formación nacional.

Eduardo Torres Cuevas expresa tres etapas en el proceso de formación del pueblo cubano y de la nación,[5]  que de forma sintética se pueden atener a la sociedad criolla (extendida desde la Conquista hasta 1763, que se corresponde con la patria local como punto de partida de la nacionalidad), la sociedad esclavista (1763-1840, correspondiendo a la plantación azucarera y los procesos migratorios), y la sociedad capitalista y dependiente (1840-1929).

Si la nacionalidad criolla surge históricamente antes de que exista una conciencia de ella, resulta paradójico que no se haya tenido en consideración el territorio (jurisdicción) y su identidad. De este modo, para la historiografía tradicional cubana, el proceso formativo de la nacionalidad transita desde la identidad local hasta llegar a la conformación regional, para luego proyectarse en lo nacional, pasando por alto el escenario territorial.

Con relación a la segunda etapa, debe destacarse que la plantación no llega a concretarse como patrón económico en varias jurisdicciones del Centro y Oriente de Cuba. La historiografía cubana ha acentuado más sus estudios sobre el proceso de formación nacional cubano, asociado a la plantación, en el siglo XIX, tomando solo como referente, del anterior, el auge plantacionista que tiene lugar a partir de la década del noventa y lo que representó, dedicando pocos espacios a los antecedentes de tal proceso. 

Los modelos económicos que se definen en la Isla de Cuba -plantación esclavista y hacienda ganadera- generaron posiciones distintas ante el dominio colonial español, en tanto ambos fueron dependientes del capital comercial español. En esa relación establecida, la élite de hacendados ganaderos resultó ser la más dependiente. Por ello, al abordar el problema de la identidad local, ésta debe “ser vista siempre como identidad de la diferencia y no como la supresión de lo diverso”.[6]

Sobre todo en el siglo XVIII, las instituciones gubernativas en las jurisdicciones de la colonia asumen la defensa de sus predios no a escala estrictamente local, sino en la extensión territorial del término, a partir de su diversidad. Así lo demuestra, al menos, el caso de Santa Clara. Con sus prerrogativas, los Cabildos son gestores de una identidad local, asumiendo su defensa ante las eventualidades y conflictos que se generan a lo largo de esta centuria.

Si se asume que “la problemática identitaria de índole sociocultural se relaciona estrechamente con el ser de una nación, de una región o un continente”[7] para el caso que nos ocupa, faltan suficientes elementos para poder determinar la existencia de una identidad hacia el territorio en el siglo XVIII, pues la historiografía no abordó los problemas antecedentes en el proceso de formación nacional desde esa perspectiva, toda vez que el concepto asumido de región no puede circunscribirse al análisis dado, al no estar conformada aquella en esa centuria.

En términos de la continuidad desde lo local, es vital “entender el proceso de la  reproducción de la identidad”,[8] donde la jurisdicción-territorio- constituye el eslabón perdido para tratar los antecedentes del proceso de formación nacional. Así, los factores de diferenciación y semejanza para el siglo XVIII no pueden concebirse sólo desde las identidades locales, debiendo ser enmarcados desde los predios territoriales como espacio geopolítico más amplio.[9]

Al tratar la identidad solamente desde el ámbito de la cultura,[10] se omite el hecho de que, para los primeros siglos coloniales, la jurisdicción constituye un espacio físico donde se conjugan también signos histórico-culturales, que incluyen el nexo entre lo similar y lo diferente. Si se asume que la identidad conduce al sentido de pertenencia (por lo orgánica y compleja), que admite la unidad en su diversidad, se presenta, entonces, un grupo de circunstancias que distinguen a personas y grupos humanos en un término o espacio territorial más allá del ámbito local (identidades), las cuales se encuentra bajo la autoridad de una institución administrativa más extendida, donde consta, con creces, la identidad hacia el territorio.

Se puede señalar,  que la historiografía cubana ha abordado el proceso de formación nacional cubano en sus antecedentes desde las identidades locales (patrias) y no en términos de los espacios extendidos, lo que impide la cabal comprensión del proceso de formación nacional. El concepto de identidades locales, tal y como  defendemos, no puede circunscribirse a una comunidad restringida a un espacio físico, obviando la comunidad amplia, traducida en territorio, que sigue siendo omitida como complejo socioeconómico y político estrechamente relacionado a las raíces de la formación nacional desde el siglo XVIII.

El Cabildo de Santa Clara en el siglo XVIII: Identidad en pos de la Nacionalidad Cubana.

El surgimiento de la Villa de Santa Clara a finales del siglo XVII, su aparición a través de un abrupto y violento proceso de ruptura cuyos gestores fueron una parte de los sectores criollos en la jurisdicción remediana, hicieron posible  en el contexto colonial de la Isla de Cuba  que apareciera una jurisdicción de nuevo tipo, de rasgos definitivamente criollos que consolidan el proceso hacia la nacionalidad cubana a través de un desarrollo muy particular, en definitiva una villa criolla.

 El liderazgo político asumido por la élite territorial a través del Cabildo, deriva en una fuerte identidad hacia el nuevo espacio, de defensa de los intereses del patriciado como condicionamiento para la actuación independiente, de liberalidad, desobediencia y autonomía que caracterizaron a este sector criollo en Santa Clara en el marco de las relaciones establecidas  con el poder central en la Isla y con la metrópoli, pero que en definitiva constituyen peldaños por los cuales transita la sociedad criolla en el proceso de formación nacional, consolidando la unidad como fenómeno de diferenciación  altamente trascendental en el siglo XVIII.

En la correlación de poder establecida durante este siglo entre el poder central y el Cabildo santaclareño no se vislumbran opciones favorables para el patriciado. Las contradicciones de la élite territorial con los sectores más pobres, por una parte, y con el poder central, por otra, se hacen frecuentes hacia finales de la centuria. Este doble juego de contradicciones viene a constituir un elemento importante en el proceso de formación nacional.

Una vez constituido el Cabildo de Santa Clara en el año 1690, definió sus prerrogativas ante el espacio que ocupaba. Sus objetivos fueron plenamente satisfechos por la naciente cúpula territorial en el año 1696,  a partir de lo cual tiene lugar el surgimiento y posterior consolidación de la unidad territorial.

En el año 1698, los regidores, no satisfechos con lo dispuesto por la Real Audiencia de Santo Domingo en relación con la división territorial asumida por la Villa de San Juan de los Remedios, y en un intento de hacer prevalecer sus intereses, encomiendan al Fray Salvador Guillén del Castillo la misión de llevar hasta la propia silla del  Rey, las insatisfacciones por los acuerdos que habían sido tomados con anterioridad; exponían:

“por cuya razón hallándose este Cabildo con litigio pendiente contra los vecinos que inovedientes al Real mandato de S. M.  no quisieron pasar á avecindarse á esta Villa antes si se hicieron fuertes y procuraron comparecer por su apoderado ante la Real Chancillería de dicha ciudad de Santo Domingo donde con siniestro informe ganaron cierto despacho de Su Alteza para que se mantuviesen en dicho pueblo y que se les creara justicia y regimiento, todo contra la Real Voluntad como consta de la Real Cédula á que nos remitimos y para que su alteza venga en conocimiento de la verdad y justicia que nos asiste”.[11]

Como puede notarse, la naciente élite asumía plena identificación con el territorio asociado al centro económico y social recién constituido, y aspiraban a despojar a los remedianos de sus derechos. Por ello, ante estas y otras prerrogativas que asumía la institución, la Real Audiencia de Santo Domingo, en una petición fiscal de 22 de enero de 1708  advertía que debía procederse “sin exceder ni ampliar jurisdicción en las cosas que no deban”.[12]

En 1717, Juan Martín, Procurador General, expresaría lo perjudicial que era para la Jurisdicción la ausencia de inspecciones dirigidas por los regidores del Cabildo,[13] en clara defensa al espacio con el cual ya estaban identificados y que el Cabildo estaba en la obligación de conservar. Esta misma situación volvería a ser objeto de atención por el Procurador General Julián Hurtado de Mendoza en el año 1721.[14]

La concertación  para la realización de un Cabildo abierto a la altura del año 1746, con la participación de todos los vecinos, y orientada por el Gobernador y Capitán General de la Isla, Juan F. de Guemes y Horcasitas,[15] viene determinada ante las constantes quejas y solicitudes del cuerpo capitular por los abastos y contribuciones a la capital, que debían ser rigurosamente cumplidos según lo reglamentaba el gobierno superior. En ello estaba implícito el descontento y continua oposición de los regidores a las medidas de abastos que las haciendas realizaban a otras jurisdicciones, sancionadas por el propio Gobernador y Capitán General, lo cual constituía una pérdida, y  era motivo de constantes querellas.

No obstante los más perjudicados no eran los ricos hacendados ganaderos, sino aquellos que vivían del sudor de su trabajo y que no tenían propiedades. Ellos exponían “que el motivo de no adelantarse más los vecinos es ser pobres y no tener esclavos, y gastar el mas del tiempo en solicitar la mantención de su familias con los viajes de peones para dicha ciudad de la Habana y no tener formalidad de tener bueyes  por la suma pobreza de los mas de ellos y sugetarse solo a la azada para labrar”.[16]

No aparece en este Cabildo la voz alzada de los corraleros o hateros oponiéndose a las medidas de abastos en la capital. Para ellos, resultaba más conveniente vender internamente. Los principales problemas de oposición al abasto de carnicería, también vendrían determinados por los precios fijos establecidos por el Cabildo, los cuales eran constantemente burlados, hecho que, por lo general, reportaba graves perjuicios a los vecinos de la Villa. No se puede pasar por alto que, en la mayoría de las ocasiones, los propios regidores participaban de esta artimaña.[17]

Tiene particular significación, en la conformación de la identidad, la realización de Cabildos abiertos, en tanto son tratados asuntos que afectan a una amplia  comunidad en el territorio que, a su vez, en  la medida de los intereses del patriciado, canalizan las preocupaciones de los vecinos, quedando representados siempre y cuando no lesionen los intereses de aquellos.[18]

Los constantes recortes para el abasto en la Villa de Santa Clara, a costa de realizarlo en la Habana, crean una situación difícil  para el año 1748,[19] y para el cuerpo capitular de forma particular, el cual no encuentran la debida solución al problema; a no ser los constantes reclamos que realizan ante el Gobernador y Capitán General de la Isla. Éstos, concentrados en los problemas de la capital, espoleaban indiscriminadamente a la Jurisdicción.

Ante tales posiciones, Julián Hurtado de Mendoza, Procurador General, expresaba en la sesión del 9  febrero: “es notorio que sí se matan dos ö tres reses pasa la voz de abasto, estos se reparten con los magistrados y poderosos de la Villa quedando los pobres faltos ya de la paciencia en ver lo poco en que se les atiende aclamando el verdadero remedio de lo que se dimana el justo castigo”.[20] La referida intervención no solo trataba los problemas relacionados con los abastos de carnes, sino también de otros géneros comestibles, donde la situación que se presentaba era similar. En esta ocasión el Procurador General, había ido más lejos que sus antecesores, exigía justicia y castigo para los poderosos, ya enrumbados en  una sola corriente de alianza alrededor del  cuerpo capitular.

Los males estaban en la modorra, ineptitud, descrédito y falta de apego de los regidores a la solución de los problemas de la jurisdicción. No era la primera ocasión que al Procurador General  representaba los reclamos populares ante el cuerpo administrativo. Sus denuncias anteriores así lo atestiguan, modelando la base de la unidad e identidad, a la vez que incrementaba el hálito contradictorio con las autoridades coloniales.

En el Cabildo extraordinario del 7 de septiembre de 1761,[21] fue presentado el Auto  de Juan del Prado Portocarrero, Gobernador y Capitán General de la Isla, donde dictaminaba las sentencias que imponía por las heridas que había recibido el cabo de Granaderos, José Díaz, en misión de servicio en la Villa, cuando andaba tras la búsqueda de dos desertores de las Milicias. El hecho adquiere notoriedad, pues el Gobernador y Capitán General culpaba a los vecinos de la Villa de no haber prestado auxilio al cabo agredido, “contribuyendo también á la fuga que ejecutó Juan de Reyna, desertor”.[22]

 Un espíritu colectivo envuelve los acontecimientos, la criollidad en proceso de consolidación demostraba no ser lisonjera con los integrantes de los Batallones de Milicias. La actuación colectiva dejaba mucho que desear, con abierta oposición al orden establecido. Se calificaba de “grave omisión” la actuación por parte de los regidores, y exponía un grupo de medidas de obligatorio cumplimiento para la institución administrativa, donde les recordaba el sagrado deber con la  madre patria que, de no cumplirse, llevaría a la aplicación de las penas correspondientes.

Allí estaban claramente marcadas las diferencias que  ya se habían establecido entre peninsulares y criollos, que la Isla era una colonia, y España la metrópoli. La realización del Cabido extraordinario define por sí mismo la identidad del grupo social en la Jurisdicción, pues “la identidad misma empieza a producirse cuando los propios individuos se conocen entre sí  como idénticos por un sinnúmero de factores, intereses económicos, políticos, ideologías compartidas, proximidades geográficas”.[23]

No obstante, en el orden político, el Cabildo de Santa Clara, con su política oficial, asumirá la defensa de la metrópoli, en todo caso contribuyente a la identidad, y esto ocurre justo en un período en el que el resto de las regiones insulares se destaca por ir desarrollando más entendimientos con el poder administrativo de la Isla y agudiza -ligera pero sostenidamente- una mayor incomprensión hacia las trabas impuestas por la lejana corona española. Vale aclarar que, en aquellos casos donde se observa una oposición notable a ambas entidades, el entendimiento se produce antes con la primera que con la segunda, lo cual, igualmente, sucede de modo justamente inverso en Santa Clara.

La unidad de criterio alcanzada por el Cabildo santaclareño al respecto constituye una fortaleza ante la presencia extranjera, que se verá patentada, como el resto de los elementos que arriba se definen, hacia 1762. Incluso ante la pasividad física de otras regiones (incluso la propia urbe habanera) durante la ocupación inglesa, destaca la combatividad deliberadamente declarada y practicada hacia el rey de España, sin importar que se trate de la presencia del ejército que representa a la primera potencia mundial, y que se carece en esos momentos de una autoridad hispana en la Isla. Tómese en cuenta, al respecto, que el Cabildo asume una posición de defensa no solo de la Jurisdicción, sino de otras partes de la Isla, incluida La Habana.

Como prueban las sesiones de las Actas Capitulares del Cabildo de Santa Clara durante los meses de agosto-septiembre y octubre de ese año, el grupo de poder actuó en el orden político por propia inspiración. Sus decisiones no estaban en ningún caso orientadas por el gobierno central, y mucho menos por la metrópoli, constituyendo una relevante muestra del camino transitado en defensa del terruño concebido bajo noción de una patria más que local, que solo a partir de la comprensión territorial de la mentalidad colectiva puede ser comprendida.

Los acontecimientos que entonces tuvieron lugar afianzaron el sentido de pertenencia hacia a expensa de la pérdida de sus vidas y propiedades. Las medidas de respuesta al ocupante vienen a probar cómo el territorio se hallaba en capacidad de hacer suyos los intereses generales de conservación  de la Isla, y por mantener  las relaciones establecidas con la metrópoli española. Indudablemente, al abordar los acontecimientos en la geografía de la macrorregión central, no se puede encontrar una actitud tan efectiva ni dispuesta como la que se protagonizó en Santa Clara, de resistencia a ultranza ante el ocupante extranjero.

Se constituye así un polo de poder alternativo al central en medio de circunstancias y acontecimientos históricos trascendentales, no solo para Cuba, sino para el propio equilibrio de fuerzas en el escenario europeo y americano donde se desenvuelve y transcurre el mundo colonial español. La defensa de la unidad  más allá de sus predios refuerza los lazos de identidad de la sociedad criolla y su élite, que encuentra apoyo al respecto en el resto de los habitantes de la Jurisdicción. Esto constituye una demostración consciente de defensa a la vez de toma de conciencia de sí que también se produce en otras regiones, pero no bajo los mismos principios, circunstancias y posturas.

Siendo el capital comercial español “el principal agente y base social del aparato colonial en  sus posesiones americanas”[24] y hallándose desvinculado de la plantación, predomina en Santa Clara el patrón hacendatario comunero como agente que, además, propicia singulares diferencias de la élite interna con su homóloga asociada al poder centra, de lo cual participa también el pueblo llano, determinando rasgos peculiares aportativos al proceso de formación nacional, mucho más visibles hacia la segunda mitad del siglo XVIII. En la medida que la élite territorial nucleada alrededor del Cabildo se embarcó en una desenfrenada carrera por incrementar la renta y la propiedad territorial para fomentar el patrimonio sobre la base de la hacienda comunera, contribuyó a profundizar tales discrepancias.

 El auge plantacionista de finales del siglo XVIII refuerza el papel hegemónico de la élite criolla azucarera en torno al poder central en toda Cuba. Esta contradicción será la que en última instancia definirá los rasgos distintivos en la élite santaclareña, lo cual trascenderá al siglo XIX con aires de convergencia política ante las distintas alternativas que se van desarrollando, sobre todo a través del independentismo durante las gestas anticoloniales, en medio de cuyo decurso comulgarán un nivel de radicalismo admirable y, a la vez, un regionalismo notable.

Desde mucho antes, la élite territorial santaclareña extiende sus propiedades en el siglo XVIII, como se aprecia en el registro de la sesión que tuvo lugar el 22 de julio de 1757 en el Cabildo de la Villa de Trinidad, dentro del cual se expresa que a Hilario del Águila, vecino de la Villa de Santa Clara, se le concedió licencia para “poblar de ganado mayor el sitio Santa Sabina que se halla totalmente yermo, q. p. ello hizo presentación de los instrumentos de propiedad que se tiene”.[25] Esta licencia se hizo efectiva en la sesión del 15 de diciembre del mismo año. Antes, Manuel de Consuegra había comprado parte del hato de Jumento en la Jurisdicción de Sancti Spíritus.[26] Esto viene a verificar que la élite estudiada en el centro de la Isla adopta, en determinados momentos, asumen ideas pluricentristas (sugerentemente expresado por el Dr. Hernán Vegas) lo cual resulta distintivo desde el principio. Tales intereses estaban diseminados por toda la macro región central, pero se evidencian más claramente en Santa Clara.

Aunque no es propósito aquí analizar la hacienda comunera, se precisa  abordar cómo las contradicciones que desde esta institución se produjeron forman parte de los procesos que fomentan una concepción territorial entendida dentro de un asumido conglomerado insular. La Real Cédula de 1729 derogó el derecho a  otorgar mercedes de tierras por los Cabildos, pero en Santa Clara esto se viola abiertamente.

El problema en torno a la propiedad, posesión y transmisión de la tierra se acentúa, determinando, en cuanto al disfrute de la tierra comunal, distintas posiciones, según los distintos tipos de  particioneros: Por una parte, están los comuneros que no poseían tierras ni disfrutaban de ninguno de los productos de la finca, por no tener terrenos ni utilizar los dedicados a la comunidad. Por otra parte, están los comuneros que solo gozaban de una parte de la hacienda, sin tener establecimiento en ella. Luego, se hallaban los que disfrutaban de  la tierra común y tenían un establecimiento en la hacienda, sin limitación alguna.

Aún así, llama la atención que existan terrenos sueltos del disfrute de los condueños y a la vez tierras comunes que sólo eran disfrutadas por sus tenedores. Véase la existencia de alternativas que, luego, explica la unidad del Cabildo a pesar de las contradicciones, lo cual niega por completo la idea de que solo comunidad de ventajas propicia en los propietarios comunidad de posturas.

Constituirá la hacienda comunera un patrón de economía contradictorio con la plantación esclavista, cuyas raíces están en la gran propiedad. El predominio de aquella conducirá en Santa Clara a posiciones siempre reticentes de la élite ante el empuje centralizador de la corona, pero dirigidos contra la primera y no contra la segunda. Así, el Cabildo será el eje central en la conformación, articulación y consolidación de la identidad,[27] constituyéndose en el marco de las contradicciones como determinaciones históricamente condicionadas.

Esto se asume de modo colectivo a pesar de las profundas diferencias sociales, sobre todo  hacia la segunda mitad del siglo, y marca un notable precedente para el proceso de formación nacional, por la defensa del sistema económico de la Jurisdicción, y -con ello- de su identidad; pero ésta, al no oponerse directamente al poder monárquico (aún cuando lo burla), a la vez acentúa la asunción de una distribución administrativa donde Santa Clara no es el centro del mundo colonial, pero existe gracias a él. Bajo la misma razón, pero con diferentes interpretaciones de las circunstancias, el territorio necesitará ser independiente un siglo más tarde, y, cuando requiera ver de una vez a España como el enemigo, ésta no lo será del territorio específico, sino de todo el conglomerado dentro y gracias al cual guarda su identidad.

También en el orden económico, tienen particular significación, dentro del año 1769,[28] las medidas adoptadas por el cuerpo capitular en el mes de enero, destinadas a tratar de dar solución a los graves problemas económicos y sociales acumulados en la Villa y su Jurisdicción. Las mismas llevan a utilizar las tierras de los ejidos para el cultivo, debido a la ausencia de productos básicos esenciales para la alimentación de la población. La retención de producciones como trigo, queso, leche, etcétera, tendrán como finalidad paliar  la situación existente. Sobre ese particular, en la sesión del 7 de enero, Valentín de Moya, Síndico Procurador General, expondría:

“Que se está sacando un gran número de trigo de esta Villa para otros lugares en diversas árrias, demando que si no se pone contención á esto padecerá esta Villa la falta total de pan, por lo que pide se sirvan Sus mercedes proveher; á lo que digeron que desde luego debian de mandar y mandaron se ponga ésta á que no se saque el trigo por ser conveniente no se defraude á este vecindario el abasto, y al que quebrantare este precepto que pierda el trigo”.[29]

Como en anteriores y posteriores ocasiones, los comerciantes y revendedores sacaban las mejores partes de las necesidades y desventuras económicas de la Jurisdicción. El negocio ilícito de saca y venta de los trigos y otros productos fuera de los límites, le reportaba mayores beneficios, mientras que el Cabildo establecía precios fijos para  el abasto, lo cual no era del agrado de los comerciantes. Con relación al mercado interno, siempre fue atribución de los cabildos dictaminar para el espacio bajo su control. En el de Santa Clara, sin embargo, la comunidad, en su sentido más amplio, se identificó con dicha gobernativa como en ningún otro sitio. Aquí se acentúan las fricciones con otras jurisdicciones, lo cual se hizo presente en la sesión del 5 de diciembre de 1777, cuando Bernabé de Veitía, Síndico Procurador General, expuso:

“El gravamen que sufre esta República con la usurpación que se le ha hecho por la ciudad de Trinidad de las Haciendas Biafara y Lomas del Potrerillo; la de San Juan de los Remedios el sitio Las Nueces fundado entre Suazo y Baez intercedado por este Cabildo contribuyendo al abasto de estas haciendas, las dos primeras en la ciudad de Trinidad y la última en la referida Villa de San Juan de los Remedios”. [30]

Los esfuerzos de los regidores se encaminaron a recuperar para la jurisdicción  las haciendas, incluida la Santa Rosa, que contribuía al abasto en La  Habana. Con ese fin, establecieron reclamación ante el gobierno superior. El cuerpo de regidores hace oposición, en 1781, ante aquel por la adjudicación de 17 haciendas que pertenecían a esta Jurisdicción entregadas a las Villas de Trinidad, San Juan de los Remedios y La Habana, lo cual lesiona los intereses del Cabildo y motiva constantes reajustes en las ruedas de abasto. El Síndico Procurador General dio a conocer  “la miseria en que labora este vecindario por la falta de abasto de carniceria á causa de habersele quitado á esta jurisdiccion de diez y siete haciendas que se han agregado á la ciudad de la Habana, á  la de Trinidad y villa de San Juan de los Remedios”.[31] Aún cuando la élite enarbola sus propios intereses, defiende el espacio j  con el  cual está plenamente identificado.

Todos estos elementos confirman, más allá de la ya tratada existencia de la identidad  del Cabildo, un espíritu de resistencia que, si bien podría relacionarse superficialmente con el regionalismo y el caudillismo que durante la primera parte del proceso independentista de las últimas décadas del siglo XIX se presenta, genera más bien antecedentes ampliamente compartidos dentro de varios sectores sociales dentro de un mismo territorio que responden a principios definitorios de la nacionalidad cubana en general, aún cuando se configuren desde la defensa de lo local.

El hecho de que tanta liberalidad se ejerza dentro de los marcos oficialmente establecidos por la corona, hace que exista una fe compartida en su atención, que, una vez perdida totalmente a efecto de los habitantes del Cabildo, es revertida, en el siglo siguiente, en la oposición abierta a lo que tanto se respetó pero con variantes de evasión acentuadas. En efecto, desde sus inicios, el Cabildo  fue contribuyente en la formación y consolidación de una identidad  que será depositaria del proceso de formación nacional, siendo el resultado del desarrollo de las contradicciones que se dirimen dentro del marco institucional (Cabildo-poder central) y de las relaciones entre los grupos de poder y el resto de los habitantes.

 



[1] “La J. Ibarra. Patria, Etnia y Nación, “La convivencia en un territorio común, la solidaridad forjada entre los diversos grupos étnicos de la isla, en lucha contra las incursiones de corsarios y piratas, por una parte, y los beneficios comunes derivados del comercio clandestino, por otra, contribuyeron a crear los primeros vínculos de identidad en las precarias comunidades de las Antillas hispánicas.”  Pág. 111.

[2] Ob. Cit.

[3] E. Torres-Cuevas. En Busca de la cubanidad. Tomo I.  pp. 84-85: “las visitas pastorales de los obispos y los informes de los funcionarios reales, permitirán reconstruir la historia de la comunidad criolla en la Isla en su proceso formativo”.

[4] J. Ibarra. Marx y los Historiadores ante la Hacienda y la Plantación Esclavista, p, 80.

[5] E. Torre-Cuevas. En Busca de la Cubanidad. Tomo I. Debates Americanos. La Habana (1-2-17); enero-junio 1995. (2): 3-11; julio-diciembre DE 1966. (3): 3-10; enero-junio 1977. Otros en “Cuba: el Sueño de lo Posible”. Contracorriente; La Habana 2 (6): 8-20; noviembre-diciembre 1966 y “Patria, Pueblo y  Revolución: conceptos bases  para la historia y la cultura en Cuba”. En “Nuestra Común Historia; Poblamiento y Nacionalidad; La habana. Editorial de Ciencias Sociales; 1993, pp 1-12.

[6] J. Santana. Utopía, Identidad e Integración en el Pensamiento Latinoamericano y Cubano, p,  204.

[7] Ob. Cit. p, 29.

[8] I. Monal. Identidad: Entre Inercia y Dinámica. El acecho de la Razón Identataria. Pura. Guadarrma; C. Suárez Pura. Filosofía y Sociedad. Tomo II 548.

[9] Según Graciela Pogolotti “La identidad, en primera instancia, es la identidad del hombre que se reconoce en su conjunto más inmediato, pero en tercer lugar, es la identidad del hombre que se conoce en una comunidad amplia”. “La identidad cultural es un proceso abierto al cual el propio devenir histórico en el que estamos inmersos va añadiendo progresivamente nuevos y enriquecedores elementos. Delgado Torres. Alisa N. El discurso filosófico y la identidad. P. Guadarrama; Carmen Suárez. Filosofía y Sociedad. Tomo II, p,  532.

[10] Nora Araujo: “La identidad cultural podría definirse, entonces, como el conjunto de signos histórico-culturales que determinaron la especificad de la región y, con ello, la posibilidad de su reconocimiento en una relación con la comprensión del nexo entre lo igual y lo diferente”. Delgado Torres. Alisa N. El Discurso filosófico y la Identidad. P. Guadarrma; C. Suárez. Filosofía y Sociedad.Tomo II, p, 532. 

[11] Acta Capitular. Tomo I. Folio: 164. AHPVC.

[12] Ob. Cit. Tomo II.. Sesión del 22-8-1712.

[13] “habrá tiempo de cuatro años que la jurisdicción de esta Villa no se visita por cuya razón está pediendo la jurisdicción”. Obp. Cit. Folio 340.

[14] Acta Capitular. Tomo II. Folio 453

[15] Anexo 14. p. LXX.

[16] Ob. Cit.  Tomo III. Folio: 1241.

[17] Anexo 14. Ver las rebajas de la pesa en las sesiones del Cabildo durante el siglo XVIII.

[18] Ob. Cit. Ver Cabildos extraordinarios realizados en el siglo XVIII.

[19] Ob. Cit. p. LXXIII.

[20] Acta Capitular. Tomo III. Folio 1313. AHPVC.

[21] Ver Anexo 14. p. CV. Sesión extraordinaria.

[22] Acta Capitular. Tomo IV. Folio 2162. AHPVC.

[23] A. Delgado. El Discurso Filosófico y la Identidad. P. Guadarrma, C. Suárez. Filosofía y Sociedad, p, 539.

[24] J. Ibarra. Marx y los Historiadores ante la Plantación Esclavista, p,

[25] Fondo Ayuntamiento. Actas Capitulares. Trinidad. Tomo 1757-1762. Original manuscrito.

[26] En 1735 la Señora Teresa Ordoñez de la Mancha, estableció la venta oficial de $ 4,000,00 parte y posesión de tierras en el hato de Jumento con todo el ganado,  fábricas y labranzas; la venta total $ 2,000,00 fueron al contado y la restante a plazo.

[27] “La identidad es un resultado necesario del desarrollo de las relaciones sociales-institucionalizadas-que resultan del carácter socialmente condicionante de las relaciones clasistas”.A. Delgado. El Discurso Filosófico y la Identidad. P. Guadarrama, C. Suárez. Filosofía y Sociedad, p, 49.

[28] Acta Capitular. Tomo VI. Folios 2824-2829. AHPVC.

[29] Ob. Cit. Folios 2845-2846. Copia manuscrita.

[30] Acta Capitular. Tomo VII. Folios: 3529-3530. Copia manuscrita. AHPVC.

[31] Ob. Cit. Folio 3794.

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